Una de las mayores preocupaciones que tiene hoy en día el sistema educativo, es la pérdida de autoridad y de respeto del profesorado por parte de los alumnos y de los padres. Al parecer las nuevas generaciones se ven salpicadas por esta ola de conflictos y de ausencia de valores, donde el pez más grande se come al pequeño y los demás quedan relegados a la abstinencia.
La debilitación o ausencia de valores en nuestra sociedad ha hecho que, entre otros muchos aspectos, la figura del profesor se haya visto desprotegida y desvalorada ante la rebeldía de los más jóvenes y la sobreprotección de los padres. Ante ello, ¿qué debemos hacer?
La Xunta de Galicia ha realizado un proyecto de ley que supondría la conversión del profesorado en autoridades públicas y otras muchas restricciones hacia el alumnado que supondría un mayor control en la forma de comportamiento y de presencia en los centros educativos; a partir de medidas como el uniforme escolar o el derecho a requisar cualquier aparato electrónico.
La ley se ha propuesto con el fin de establecer un respaldo para aquellos profesores que se sientan desprotegidos ante la prepotencia (por denominarlo de algún modo) de los alumnos y de los padres. Con ella se intenta agilizar el proceso ante cualquier conflicto, para que no se tenga que llevar a los tribunales, así mejoraría la eficacia de aquellas denuncias que los profesores se vieran en la tesitura de realizar.
Por el lado contrario, observan esta ley con una clara connotación de un conservadurismo derechista que limita las libertades de los alumnos y dibuja una gran línea divisoria entre el profesor y el alumno, dificultando en gran medida la comunicación.
En el extremo opuesto a esta ley, nos hemos encontrado una escuela donde la máxima autoridad es el diálogo, donde el profesor se define como un agente de consenso, un guía, nunca una autoridad impositiva, aquella figura que guía y estimula el pensamiento propio; es “un apoyo entre apoyos”. Una escuela donde no haya ni prejuicios, ni diferencias.
Al parecer, hay bastantes diferencias entre la imagen del profesor su importancia y jerarquía dentro del aula. A mi parecer, entiendo que haya docentes que busquen un apoyo en las leyes para salvaguardar su posición, pero difícilmente creo que el respeto se gane ante las leyes, y si fuese así no creo que fuese un logro, sino todo lo contrario, porque demostraría que las personas somos incapaces de obrar adecuadamente en sociedad sino es porque una ley así lo impone. Por ello debemos atajar el problema desde dentro, desde la base del mismo, es decir, hay que tratar los conflictos más cotidianos, lo que se presentan con absoluta normalidad y sin apenas importancia. Lejos de aplicar un modelo punitivo, en el sólo se toman medidas inmediatas (el castigo) pero que no tratan el tema en profundidad, debemos de indagar y buscar otras soluciones antes de tomar decisiones drásticas (como es la ley gallega). Juan Carlos Torrego, propone el modelo integrado de resolución de conflictos que trata de, a través de distintos mecanismos, resolver cualquier conflicto en profundidad, a partir del diálogo y la comunicación.
A mi juicio, a pesar de que el modelo integrado pueda tener algunas dificultades a la hora de ponerse en práctica por la falta de tiempo y de personal adecuado e implicado en dicho proyecto, es una gran propuesta para ir acabando poco a poco con el problema del acoso escolar (entre los alumnos y entre alumnos y profesores).
Creo que proponer un ley que “inmunice” al profesor ante cualquier conflicto, no creo que vaya a paliar dicha vicisitud, sino todo lo contrario; el abismo entre el profesor-alumno engrandecería consideradamente.
Creo que no tiene ninguna lógica que por un lado la LOE intente mejorar la relación entre ambas partes y el diálogo, mientras que otras leyes y comportamientos promuevan todo lo contrario, ¿no sería da un paso hacia atrás?
Creo que uno de los grandes de los problemas de la educación en España es la falta de consenso de la teoría y la práctica, es decir, que si las leyes por las cuales nos debemos regir (la LOE en este caso) van hacia un dirección, todos las decisiones tomadas deben ir en la misma dirección y no de un modo opuesto.
En síntesis, creo que el modelo integrado de conflictos es el más apropiado para nuestro sistema, puesto que es el que va más encaminado al diálogo y participación de los alumnos, así como multitud de valores y comportamientos que desde las instituciones se intentan promover (responsabilidad de los actos, madurez, solidaridad…) y que difícilmente se puede llevar a la práctica si actuamos sólo en base a unas reglas impuestas y unos principios totalmente opuestos (jerarquía, castigo…). Por ello, la ley que ponga al docente como una autoridad pública, no tiene ningún sentido en un sistema donde se intente promover la igualdad y la comunicación.
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